* Aplicar la ley sin distingos, demandan los pobladores
El Sol de Cuernavaca
15 de marzo de 2010
José Luis Rojas
Huitzilac, Morelos.- Aprovechando que se logró sacar de la representación de bienes comunales, a gente identificada con las bandas de despojadores y traficantes de tierras de Huitzilac, como Sergio Dávila García con sus familiares y cómplices, los que pretendían sucederlo en el cargo, habitantes y avecindados de los diferentes fraccionamientos de este municipio, urgieron a las autoridades estatales y federales, a "hacer cumplir la ley en contra de todos esos que han hecho de Huitzilac, una tierra sin ley, en perjuicio de propios y extraños".
Habitantes de los fraccionamientos como Monte Casino en todas sus secciones, San José de la Montaña, Piamonte, Ensueño, La Floresta, El Zorro, Telecuintla, El Pedrín y Montecristo principalmente, exigieron a las autoridades estatales, federales agrarias, y de la Procuraduría General de la República, "hacer valer el estado de Derecho, para acabar con la inseguridad pública y jurídica que impera en Huitzilac".
Recalcaron que: "ahora que Sergio Dávila García salió del cargo de presidente de Bienes Comunales, a pesar de su pretensión de permanecer en el mismo y: "tratar de seguir cobrando a toda costa un 30 o 40 por ciento de la indemnización que, asegura, CAPUFE les va a pagar por la afectación de sus tierras debido a la construcción de la autopista México Cuernavaca, -más de cien millones de pesos-, se debe de comenzar a limpiar Huitzilac de tanto delincuente.
Para quienes han sido víctimas de despojadores, asaltantes y violadores, recalcaron que "las autoridades de los tres niveles de gobierno deben de investigar a fondo, y proceder en consecuencia en contra de César Dávila Díaz, o García, acusado hasta de robarse el agua del arroyo de Las Trancas, como consta en la averiguación previa interpuesta ante la PGR, es la número AP/PGR/CV/001/2009 y todas las demás que tiene en su contra en el fuero común, por delitos como el despojo.
De igual forma, exigieron que se proceda en contra de Gumaro Oliveros Cano y Gerardo Arizmendi Santa María, quienes por igual, y de acuerdo a una relación de denuncias iniciadas en la Procuraduría General de Justicia, están involucrados en por lo menos una docena de éstas. Por igual, podrían estar relacionados en una serie de más de 40 denuncias que la PGJ tiene registradas hasta hace unos meses, número que podría incrementarse de manera considerable, "si se toman en cuenta las denuncias recientes".
Los denunciantes insistieron en señalar: "Es bien sabido que estos despojadores, lo mismo intimidaban a propietarios de casas y residencias en Huitzilac, para que les pagaran una actualización de constancia de posesión, cobrándoles por metro cuadrado como si les estuvieron volviendo a vender el predio, o se les metían a sus casas y los despojaban de ellas, con todo y que ya tuvieran escrituras, o en el menor de los casos, les robaban sus pertenencias nada más".
Recalcaron los denunciantes: "todos y cada uno de ellos, con sus cómplices, están plenamente identificados, solo que las autoridades no se han decidido a hacer cumplir el estado de Derecho, y eso ha fortalecido la impunidad en Huitzilac; pero ya es hora de que se pongan a trabajar nuestros funcionarios, que simplemente hagan su trabajo, que apliquen la ley".
Huitzilac, Morelos.- Aprovechando que se logró sacar de la representación de bienes comunales, a gente identificada con las bandas de despojadores y traficantes de tierras de Huitzilac, como Sergio Dávila García con sus familiares y cómplices, los que pretendían sucederlo en el cargo, habitantes y avecindados de los diferentes fraccionamientos de este municipio, urgieron a las autoridades estatales y federales, a "hacer cumplir la ley en contra de todos esos que han hecho de Huitzilac, una tierra sin ley, en perjuicio de propios y extraños".
Habitantes de los fraccionamientos como Monte Casino en todas sus secciones, San José de la Montaña, Piamonte, Ensueño, La Floresta, El Zorro, Telecuintla, El Pedrín y Montecristo principalmente, exigieron a las autoridades estatales, federales agrarias, y de la Procuraduría General de la República, "hacer valer el estado de Derecho, para acabar con la inseguridad pública y jurídica que impera en Huitzilac".
Recalcaron que: "ahora que Sergio Dávila García salió del cargo de presidente de Bienes Comunales, a pesar de su pretensión de permanecer en el mismo y: "tratar de seguir cobrando a toda costa un 30 o 40 por ciento de la indemnización que, asegura, CAPUFE les va a pagar por la afectación de sus tierras debido a la construcción de la autopista México Cuernavaca, -más de cien millones de pesos-, se debe de comenzar a limpiar Huitzilac de tanto delincuente.
Para quienes han sido víctimas de despojadores, asaltantes y violadores, recalcaron que "las autoridades de los tres niveles de gobierno deben de investigar a fondo, y proceder en consecuencia en contra de César Dávila Díaz, o García, acusado hasta de robarse el agua del arroyo de Las Trancas, como consta en la averiguación previa interpuesta ante la PGR, es la número AP/PGR/CV/001/2009 y todas las demás que tiene en su contra en el fuero común, por delitos como el despojo.
De igual forma, exigieron que se proceda en contra de Gumaro Oliveros Cano y Gerardo Arizmendi Santa María, quienes por igual, y de acuerdo a una relación de denuncias iniciadas en la Procuraduría General de Justicia, están involucrados en por lo menos una docena de éstas. Por igual, podrían estar relacionados en una serie de más de 40 denuncias que la PGJ tiene registradas hasta hace unos meses, número que podría incrementarse de manera considerable, "si se toman en cuenta las denuncias recientes".
Los denunciantes insistieron en señalar: "Es bien sabido que estos despojadores, lo mismo intimidaban a propietarios de casas y residencias en Huitzilac, para que les pagaran una actualización de constancia de posesión, cobrándoles por metro cuadrado como si les estuvieron volviendo a vender el predio, o se les metían a sus casas y los despojaban de ellas, con todo y que ya tuvieran escrituras, o en el menor de los casos, les robaban sus pertenencias nada más".
Recalcaron los denunciantes: "todos y cada uno de ellos, con sus cómplices, están plenamente identificados, solo que las autoridades no se han decidido a hacer cumplir el estado de Derecho, y eso ha fortalecido la impunidad en Huitzilac; pero ya es hora de que se pongan a trabajar nuestros funcionarios, que simplemente hagan su trabajo, que apliquen la ley".
No hay comentarios:
Publicar un comentario